El escándalo de los salarios sigue incordiando a los grandes estudios

El escándalo en torno a las limitaciones de salario urdidas entre los grandes estudios de animación de EEUU continúa vivo y ha retomado interés nuevamente esta semana, en que los estudios han visto rechazados sus intentos para que las demandas al respecto fueran sobreseídas. Recordemos que ya hablamos de este asunto en diciembre pasado (enlace aquí), cuando informábamos de que a raíz de diversas demandas interpuestas por algunos animadores se dio a conocer que a mediados de los ochenta, Ed Catmull (entonces presidente de Pixar y actualmente presidente de Pixar y Disney Animation) y George Lucas trazaron un plan para limitar los salarios de sus trabajadores y evitar que fueran contratados por otros estudios; Catmull amenazaba a los estudios que no se atuvieran a sus reglas, orquestando así una especie de cartel secreto - contrario a las normas de la Sherman Antitrust Act, una legislación orientada a evitar prácticas anti-competitivas - en el que  acabarían estando, además de Pixar y Lucasfilm, Walt Disney Animation, Dreamworks e ImageMovers, así como Orphanage (que ya no existe) y también Blue Sky y Sony.

La juez del distrito de San José (California) Lucy Koh había rechazado las demandas originales en abril pasado, en parte porque muchas de ellas se habían planteado demasiado tarde ya que las demandas por acciones anti-competencia deben interponerse en el plazo de 4 años y los hechos se produjeron antes del 2010; pero al mismo tiempo otorgó a los demandantes el plazo de un mes para que pudieran interponer una nueva demanda corregida basada en conspiración para defraudar, ya que el plazo para denunciarla se cuenta desde que se descubre el hecho, lo que no dudaron en aprovechar los artistas Robert A. Knitsch, Georgia Cano y David Wentworth para atacar de nuevo.
Ante la nueva demanda, DreamWorks Animation, Sony Pictures, Blue Sky Studios, The Walt Disney Company, Lucasfilm y Pixar solicitaron a la juez que la sobreseyera, pero ésta ha rechazado esta semana sus argumentos (en una decisión que puede leerse aquí) al haberse aportado correos electrónicos y otras pruebas que sugieren que los estudios se pusieron de acuerdo para no sustraerse trabajadores, compartieron información sobre sus prácticas salariales, ofrecieron razones engañosas y pretextos para justificar los bajos aumentos de sueldo e hicieron lo posible para mantener en secreto tal conspiración.
Si finalmente se estiman las alegaciones de los demandantes, los estudios podrían quedar obligados a llegar a un acuerdo que compensara a los trabajadores por todas las cantidades dejadas de percibir a causa de la conspiración, y que se hubieran percibido si se hubieran respetado las leyes del mercado.

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